Redacción InfoVGG
La dinámica institucional en torno a la atención socio-sanitaria en Villa Gobernador Gálvez abrió un complejo debate sobre los mecanismos de control y fiscalización, a raíz de una serie de restricciones de acceso registradas en el establecimiento conocido como "La Posta de la Ribera", ubicado en la intersección de Avenida de la Ribera y Maipú.
El caso trascendió públicamente luego de que la concejal de La Libertad Avanza (LLA), Pamela Moro, viera impedido su ingreso a sectores del dispositivo mientras intentaba llevar a cabo una recorrida de relevamiento y auditoría de las instalaciones.
El episodio pone de manifiesto la compleja convivencia de funciones que caracteriza al lugar. De acuerdo con la estructura formal de los expedientes, el espacio pertenece a la órbita municipal, integra el circuito público de salud y cuenta con una habilitación provincial específica destinada a la carga de medicación. Sin embargo, en la práctica cotidiana, el predio opera bajo un esquema multifuncional donde coexisten un comedor comunitario, dependencias de desarrollo social y sectores de enfermería cuyos planteles se sostienen a través de diversas modalidades de contratación.
Ante la imposibilidad de acceder al interior del edificio para realizar una verificación exhaustiva, la inspección visual exterior efectuada por la edila permitió advertir observaciones preliminares sobre el estado edilicio, entre las que se destacan deficiencias en las instalaciones eléctricas que requerirían una revisión técnica formal. Esta limitación en las tareas de control legislativo derivó en una presentación institucional ante los organismos de contralor competentes.
En este sentido, la concejal Moro formalizó un pedido de intervención ante la Dirección Provincial de Coordinación, Control y Supervisión de la Inspección en Salud y Seguridad en el Trabajo, a cargo del Lic. Miguel Ángel Fiorito.
El expediente elevado a dicha repartición incorpora registros fotográficos que señalan la presencia de insumos farmacéuticos vencidos, un elemento que encendió las alertas respecto a los protocolos vigentes de almacenamiento, trazabilidad y disposición final de los fármacos, en un contexto marcado además por los reclamos vecinales en torno a la disponibilidad de suministros básicos para la atención diaria.
Asimismo, la situación institucional deja al descubierto la realidad laboral de los equipos de trabajo que sostienen el funcionamiento cotidiano del espacio, incluyendo a profesionales formadas en el ámbito universitario que desempeñan tareas de asistencia en el barrio. El episodio abre de este modo un interrogante más amplio sobre los canales institucionales de supervisión, la transparencia en la gestión de recursos comunitarios y las condiciones operativas de las dependencias sanitarias de cercanía.
