El Concejo y el arte de cajonear: más de 500 días sin Audiencia Pública por la antena 5G en la plaza de la cooperación de VGG

VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ. Hay una célebre máxima en la práctica política que sugiere que el tiempo todo lo diluye. O que, en el peor de los escenarios, la acumulación de las semanas termina por adormecer los reclamos más incómodos. En Villa Gobernador Gálvez, esa estrategia parece haberse transformado en método de gestión legislativa: el Concejo Deliberante acumula ya exactamente 547 días de una omisión tan silenciosa como deliberada.

La cronología de los hechos es indiscutible. El 24 de abril de 2025, el cuerpo deliberativo aprobó con firma y sello la Resolución N° 2.537/2025. El documento no era un mero formalismo institucional ni una declaración de compromisos abstractos. Tenía un mandato perentorio y un objeto preciso: convocar a una Audiencia Pública para debatir, de cara a la comunidad, la política de despliegue de antenas de tecnología 5G, sus estructuras de soporte y la ocupación de bienes del dominio público, evaluando incluso como escenario la plaza ubicada sobre calle Jean Jaures.

El propio texto fijaba una ventana temporal estricta: la convocatoria debía concretarse "en la primera quincena de mayo del corriente año" (2025). Han pasado 547 días desde la firma del decreto. Las hojas del almanaque pasaron, los plazos vencieron holgadamente, pero la audiencia nunca se realizó.

El laberinto administrativo y la conveniencia del olvido

Para comprender la trastienda de esta parálisis hay que desandar el recorrido. El debate no surgió en el vacío. Se originó a partir de las gestiones de la firma ATIS GROUP S.A., la obtención de factibilidades técnicas y la posterior firma de convenios con el ejecutivo municipal para el uso del espacio público.

Ante el malestar, las dudas y la legítima exigencia de los vecinos de ser escuchados en sus derechos e intereses, la respuesta institucional fue apelar a un mecanismo previsto en la Ordenanza N° 2.255/14: el instituto de la Audiencia Pública. Un dispositivo ideado no para entorpecer la gestión, sino para dotar de transparencia, legitimidad democrática y sustento técnico a decisiones que impactan de lleno en el entorno urbano y la calidad de vida ciudadana.

Aquel 24 de abril de 2025, la Resolución N° 2.537 distribuyó tareas claras dentro de la estructura del Concejo:

• La Secretaría de Prensa y Difusión debía poner la documentación técnica a disposición de los vecinos.

• La Secretaría de Relaciones Institucionales tenía el mandato de abrir el Registro de Participantes y Oradores.

• La Prosecretaría debía gestionar las actas administrativas.

• Y a la Presidencia del Cuerpo se le encomendaba la responsabilidad legal e indelegable de convocar, organizar y presidir el acto institucional.

El resultado, sin embargo, fue el vacío. Ninguna de esas áreas activó el procedimiento encomendado.

El costo político de archivar las reglas propias

En la dinámica parlamentaria, una mora de 547 días rara vez es producto de la mera ineficiencia; con frecuencia responde a una especulación táctica. Cabe preguntarse entonces: ¿cuál es la razón por la cual el Concejo Deliberante prefiere asumir el costo institucional de violar su propia norma antes que abrir el debate frente a los vecinos? ¿Qué prioridades o conveniencias pesan más que el derecho de la ciudadanía a fiscalizar lo que se instala en la plaza o en el espacio común?

Cuando las máximas autoridades desconocen los decretos que ellas mismas sancionan, el problema deja de ser un mero trámite burocrático pendiente y pasa a ser una severa degradación de la confianza pública.

Los más de 500 días transcurridos no archivaron la discusión; solo volvieron la interrogante más incisiva. La comunidad de Villa Gobernador Gálvez no solicita concesiones especiales: exige que las autoridades honren la firma de sus propios textos y pongan fecha, de manera urgente, a la audiencia pública que les fue prometida.