A pesar de las denuncias presentadas por la cooperativa, muchos de los responsables de estos hurtos no enfrentan sanciones, lo que agrava aún más la crisis.
Actualidad18/11/2025
Redacción InfoVGG
La tensión entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez ha escalado a niveles preocupantes. La deuda millonaria que la cooperativa mantiene con la EPE, que actualmente asciende a 6.000 millones de pesos, amenaza con desembocar en un conflicto social grave, particularmente en los barrios populares de la ciudad. Se ha alertado sobre la delicada situación y advierten que, si no se encuentra una solución, se podría llegar a un escenario de cortes de luz masivos, afectando a sectores vulnerables de la población.
El conflicto de la deuda: un panorama insostenible
La situación no se limita a la deuda en sí, sino que se encuentra profundamente arraigada en problemas estructurales de la ciudad. En Villa Gobernador Gálvez, más de 30 asentamientos irregulares y barrios populares consumen energía eléctrica sin pagar por el servicio. La cooperativa no puede regular ni ofrecer un servicio formal en esos sectores, lo que genera un déficit financiero cada vez mayor. La falta de ingresos provenientes de estos barrios dificulta la capacidad de la cooperativa para abonar las altas facturas que recibe de la EPE, lo que ha desencadenado una deuda que parece no tener fin.
El cambio tarifario implementado en marzo, que eliminó la tarifa subsidiada para la cooperativa, agravó aún más la situación. A medida que la deuda crece, la posibilidad de que la EPE corte el suministro se vuelve cada vez más real, lo que pone en riesgo a miles de familias en la ciudad.
Un conflicto social a la vista
Además de los problemas financieros, el conflicto entre la EPE y la cooperativa tiene un fuerte componente social. Si la cooperativa comienza a cortar el suministro de energía en los barrios populares, la respuesta de la comunidad podría ser violenta, con posibles bloqueos de accesos e industrias. Esto podría generar una situación de caos social, en la que los habitantes de los barrios más afectados se vean obligados a luchar por sus derechos a la energía básica.
A esta preocupación se suma la denuncia de que los hurtos de energía en la ciudad no reciben el respaldo necesario por parte de la justicia. A pesar de las denuncias presentadas por la cooperativa, muchos de los responsables de estos hurtos no enfrentan sanciones, lo que agrava aún más la crisis.
La posibilidad de que la EPE se haga cargo del servicio
En este contexto, surge la posibilidad de que la EPE tome el control del servicio eléctrico en Villa Gobernador Gálvez, reemplazando a la cooperativa en la gestión del suministro. Aunque la EPE ha mostrado su disposición a intervenir, las autoridades locales han señalado que un acuerdo para saldar la deuda de forma inmediata es inviable. La solución pasa por un plan que contemple tanto la resolución de la deuda como la mejora de las condiciones del servicio en los barrios populares.
Uno de los puntos clave en este conflicto es la falta de igualdad en el trato entre las localidades. Mientras los barrios populares de Rosario reciben atención con el programa "Luz y Agua Segura", en Villa Gobernador Gálvez esta iniciativa no existe, lo que agudiza la crisis energética en la ciudad.
Conclusión: la necesidad de una solución urgente
Con el calor del verano a la vuelta de la esquina y la creciente tensión social, el panorama de Villa Gobernador Gálvez para el fin de año se vislumbra complicado. Mientras tanto, la cooperativa y la EPE se encuentran en una encrucijada que podría derivar en un conflicto mayor si no se llega a un acuerdo. La intervención del gobierno provincial, en forma de una solución integral y justa, parece ser la única vía para evitar que la situación se desborde y cause un conflicto social de grandes dimensiones.
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En los últimos días se habría concretado una reunión de altísimo nivel entre el Ministro Gustavo Puccini, la Presidenta de la EPE y el Intendente de Villa Gobernador Gálvez.
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Trabajadores del frigorífico Swift, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, denunciaron en los últimos días el despido de cerca de 80 empleados sin notificación previa ni explicación alguna. La situación ha generado un fuerte malestar entre los operarios, quienes aseguran no haber recibido ninguna justificación para la cesantía.
El operativo, que comenzó a las 4 de la mañana y culminó a las 10, incluyó 110 allanamientos simultáneos en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y en las cárceles de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz.
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