Redacción InfoVGG
Por Sebastián Repetto (Editor de InfoVGG y de 12noticias.tv)
Mire, vamos a hablar en serio. Pongamos las cartas sobre la mesa, porque el país real, el que produce, el que enciende la chimenea de la fábrica a las seis de la mañana o levanta la persiana del almacén de barrio, no resiste más la pirotecnia de los discursos abstractos ni el internismo de cabotaje.
Lo que se debatió ayer en Alvear, bajo el pulcro ropaje técnico de una licitación, excede por completo la coyuntura de una Estación Transformadora. Fue un dilema de concepción profunda que toca una fibra sensible, dolorosa e indignante: ¿Por qué un vecino o un comerciante de Villa Gobernador Gálvez termina pagando facturas con una tarifa de luz que duplica a la de sus pares de Rosario?
Al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, lo conozco bien. Hace apenas unos días tuvimos un mano a mano extenso en Agroactiva. Se lo dije en la cara y lo repito hoy: lo que hizo la provincia en esa muestra agroindustrial fue un claro éxito de gestión, un verdadero golazo en términos futbolísticos que demostró capacidad de gestión y modernización. Por eso, cuando un ministro con ese nivel de efectividad pisa el territorio y va directo al hueso, hay que escuchar con atención. Ayer, a Puccini se lo notaba con ganas de hablar, con la determinación del funcionario que sabe que tiene los datos sobre la mesa y que no está dispuesto a tolerar que se siga esquivando el bulto. Fue un mensaje con un destinatario hiperespecífico: la prestadora de Villa Gobernador Gálvez.
Puccini desarmó el relato local con una frase quirúrgica:
“La EPE tiene su tarifa y las cooperativas tienen la suya”.
Con esa sola definición, desnudó el verdadero motivo de la brecha tarifaria con Rosario. Mientras los rosarinos dependen de la estructura directa de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), en VGG los usuarios deben costear la estructura, los costos operativos, la intermediación y las presuntas ineficiencias de la administración local. Cada distribuidora debe hacerse cargo de la gestión de sus recursos. La provincia ha colaborado históricamente con infraestructura y fondos para Villa Gobernador Gálvez —siendo de las pocas prestadoras del territorio en recibir semejante nivel de asistencia—, pero la gestión interna sigue funcionando como una llamativa caja negra que el palacio provincial, legítimamente, exige transparentar de manera inmediata.
Para entender la dimensión de este conflicto hay que hacer memoria y revisar la genealogía del poder local. En los pasillos de la capital provincial el diagnóstico es unánime y lo comentan con fastidio: quien termina oficiando siempre como el verdadero vocero y protector de la distribuidora en cada reunión es el propio intendente, Alberto Ricci. En más de una oportunidad, el jefe municipal ha salido a poner el cuerpo y la retórica para blindar y justificar a la prestadora.
No debería sorprendernos. El cordón umbilical que une al intendente con la entidad es histórico y estructural: ya en 2016, el propio Ricci reconoció públicamente que su candidatura para la intendencia nació en las oficinas de la administración del servicio de luz local. Esa matriz de origen explica la alarmante complacencia y la defensa corporativa que despliega desde el palacio municipal, actuando más como un delegado de la entidad que como el defensor del bolsillo de los ciudadanos que hoy padecen la emergencia tarifaria frente a la paridad de la que sí goza Rosario.
¿Y los legisladores? Los senadores departamentales y los concejales de la oposición local parecen atrapados en el fetiche de la declaración testimonial del Comité de Crisis. Mucha foto de comisión, mucha gesticulación para la tribuna, pero sin resultados a la vista.
El ministro Puccini fue tajante: la predisposición técnica y el auxilio del Gobierno de Maximiliano Pullaro están absolutamente garantizados para los vecinos damnificados, pero para que esa colaboración avance, se tienen que abrir los sistemas, los números y los balances. La transparencia no se declama; se demuestra.
Pero hagamos el análisis completo. El verdadero sismo que hoy asfixia a los comerciantes, pymes y familias trabajadoras de Villa Gobernador Gálvez nace de la motosierra ciega e irracional de La Libertad Avanza. El gobierno nacional desató una quita indiscriminada y vertical de subsidios bajo el dogma de un fundamentalismo de mercado que no distingue entre las espaldas financieras del AMBA y el corazón metalúrgico de nuestra región.
El experimento libertario diseñó tarifas para un país de fantasía teórica mientras destruye el poder adquisitivo real de los argentinos. Dejaron a los usuarios y a los prestadores intermedios convertidos en prisioneros de una política de shock exógena, provocando una colisión inevitable entre las facturas y los ingresos degradados de la gente. El anarcocapitalismo de manual cree que el mercado todo lo soluciona de forma mágica, pero en el tendido eléctrico real, si el Estado provincial no interviene para ordenar con racionalidad y exigir eficiencia, el resultado es la exclusión.
Frente a la intemperie que genera el ajuste nacional, el Ministerio de Desarrollo Productivo propone un camino sensato: modernización, transición hacia parques fotovoltaicos propios y optimización de costos operativos para que el impacto en el usuario final sea el menor posible. Eso es lo que la EPE intenta hacer al comprarle a Cammesa, y es exactamente el mismo estándar de eficiencia que el ministro le exige a las distribuidoras locales.
El formato del asociativismo tiene un valor histórico innegable como red de servicios en el interior de nuestra provincia, pero esa historia no puede ser un cheque en blanco para eludir el control técnico, la autocrítica ni las demandas de un servicio eficiente y respetuoso para la comunidad.
El orden fiscal y la transparencia son necesarios, por supuesto, porque la tecnocracia bien entendida es la única garantía de que los recursos públicos lleguen a donde se necesita. Apoyar la línea de trabajo del ministro Puccini es, en definitiva, defender una provincia previsible, donde las instituciones intermedias rindan cuentas y la política territorial deje de actuar como el escudo protector de administraciones nacidas a la sombra del poder local. ¿Lo entenderán de una vez en el palacio municipal?
