Redacción InfoVGG
Gobernar en el primer mostrador de la crisis —el municipio— exige una dosis de realismo contable que muchas veces colisiona con las tentaciones del plano legislativo.
La reciente controversia en Villa Gobernador Gálvez en torno a las licencias especiales profesionales ofrece un caso de estudio ideal para la sociología política: cómo la comodidad del llano deliberativo es capaz de diluir las fronteras ideológicas nacionales en función de la gratificación inmediata de la tribuna.
El proyecto aprobado por el Concejo Deliberante local buscaba eximir del pago de las tasas correspondientes a las licencias especiales profesionales (clases C, D, E y G) a los choferes y empleados de la propia planta estatal que manejan por ejemplo tractores.
La iniciativa logró luz verde mediante una mayoría de seis votos que unió de forma inédita al Movimiento Evita, al massismo y a la concejal de La Libertad Avanza.
En la otra orilla, sosteniendo la racionalidad presupuestaria del Ejecutivo, se ubicó el voto negativo de los ediles Esteban Lenci, Liliana Sequeira, Tato Bulsicco y Patricia González, prefigurando el posterior veto con el que el intendente Alberto Ricci frenó la propuesta.
Para desenterrar la verdadera matriz del proyecto, es necesario aplicar un riguroso análisis técnico y de equidad tributaria, estructurado en tres dimensiones:
La neutralidad del derecho laboral: El eje del debate no pasa por castigar ni desmerecer el rol de los trabajadores municipales, cuya tarea logística es esencial para la ciudad. El dato analítico definitivo, al que accedió InfoVGG.com.ar, es que el personal afectado a estas tareas ya percibe un adicional salarial específico en sus haberes para cubrir las exigencias de portar dichas licencias especiales profesionales. Sus derechos están saldados por paritaria. El proyecto, por lo tanto, no venía a subsanar una desprotección, sino a superponer un beneficio tributario sobre una compensación salarial ya existente.
La asimetría del privilegio corporativo: Desde una perspectiva de equidad, la exención planteaba una flagrante distorsión con los habitantes de Villa Gobernador Gálvez. El empleado público obtenía la gratuidad de un trámite que cualquier trabajador del sector privado —los mismos vecinos que sostienen el municipio con el pago de sus tasas— debe abonar de su propio bolsillo para poder salir a trabajar. Se pretendía financiar un beneficio sectorial interno con la descapitalización de los recursos comunes.
La inconsistencia fiscal de los extremos: Es aquí donde el comportamiento de La Libertad Avanza local cruje frente a su propia casa matriz. Mientras el gobierno nacional eleva la disciplina fiscal y el fin de las prebendas corporativas al rango de dogmas innegociables, su representante local se mimetizó con la lógica del Movimiento Evita y el massismo. Juntos en la comodidad de no tener que firmar los cheques a fin de mes ni garantizar que las ambulancias tengan combustible, los ediles avalaron un proyecto que resta ingresos directos a las finanzas del municipio en el peor contexto imaginable: una coyuntura de vacas flacas marcada por la caída de la recaudación y el recorte de transferencias externas.
Con el veto con el que frenó el proyecto, Alberto Ricci no ejerció un acto de hostilidad hacia el personal, sino un ejercicio de alta responsabilidad administrativa para resguardar la estabilidad económica local y la equidad con los vecinos. Frente a una mayoría legislativa que prefirió la foto de consenso de espaldas al balance de la ciudad, la intendencia restableció la cordura técnica: en plena crisis, los recursos de todos los villagalvenses se cuidan hasta el último centavo.
